13 de abril de 2025

EMPLEO PÚBLICO Y ENERGÍA

EMPLEO PÚBLICO Y ENERGÍA. Qué compromisos asumió el Gobierno con el FMI sobre empleo público, subsidios y energía

El acuerdo firmado por el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional contempla la reducción de personal estatal, la reorganización de organismos públicos y una baja progresiva del gasto en subsidios energéticos.

En el apartado vinculado al Estado y el empleo público, el documento informa que el Gobierno redujo la dotación del sector público nacional en 34.000 trabajadores, lo que representa una disminución del 11% interanual. También se establece el cierre de más de 300 oficinas públicas y de 16 fideicomisos estatales, manteniéndose únicamente el que subsidia el gas residencial.

El acuerdo promueve además la reorganización o supresión de entes descentralizados y empresas estatales como parte del plan de consolidación fiscal. Entre las medidas específicas, se fija la centralización de la gestión de recursos humanos y de la liquidación de sueldos, junto con la obligación de iniciar los trámites jubilatorios para unos 10.000 empleados públicos que ya reúnen los requisitos para acceder al beneficio.

También se establece la prohibición de contrataciones indirectas mediante convenios con universidades, un mecanismo habitual para incorporar personal fuera de los sistemas administrativos tradicionales.

En el bloque de compromisos vinculados al sector energético, el acuerdo con el FMI exige que las tarifas de electricidad y gas reflejen el costo real del servicio, al menos para los usuarios de ingresos medios y altos, así como para el sector comercial. Esto implica la eliminación gradual de subsidios generalizados y su reemplazo por un esquema focalizado de asistencia dirigido a los hogares de menores ingresos.

El documento fija una meta fiscal concreta: reducir el gasto en subsidios energéticos del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2023 al 0,1% en 2026.

Además, se prevé una reforma del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) orientada a aumentar los niveles de competencia y a facilitar la inversión privada en el sistema eléctrico. Esta transformación debe implementarse antes de noviembre de 2025.

Finalmente, el acuerdo destaca el crecimiento del superávit energético registrado en 2024 y proyecta una ampliación de las exportaciones de gas y petróleo, con inversiones privadas en infraestructura logística y en el desarrollo de Vaca Muerta como eje del crecimiento del sector.

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