19 de marzo de 2025

Marcha jubilados

Marcha jubilados. SiPreBA le exige equipamiento de protección a las empresas de medios

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires presentó acciones legales, exigió a las empresas periodísticas equipamiento de protección.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) alzó la voz contra la represión sufrida por trabajadores de prensa durante la cobertura de la protesta de jubilados el miércoles pasado frente al Congreso. En respuesta, el gremio presentó acciones legales, exigió a las empresas periodísticas equipamiento de protección y llamó a la organización colectiva para garantizar la seguridad de los periodistas.

Según SiPreBA, más de 40 trabajadores de prensa resultaron heridos por balas de goma, gases lacrimógenos y golpes mientras documentaban la manifestación. Entre los casos destacados, además del resonante caso de Pablo Grillo, están el fotógrafo de Télam, Víctor Carreira, con un impacto en la pantorrilla, y la periodista de TV Pública, Lorena Tapia, herida en la cintura. El sindicato responsabilizó al Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, por el uso desmedido de la fuerza y anunció una denuncia penal contra la ministra y otros funcionarios por abuso de autoridad y lesiones.

Para el gremio, estos trabajadores "fueron víctimas de un operativo de represión que incluyó entre sus objetivos evitar que la prensa pudiera registrar la violencia policial y las detenciones arbitrarias contra manifestantes, restringiendo así el derecho a la información de toda la sociedad".

Además, SiPreBA intimó a las empresas de medios a proveer cascos, máscaras antigases y chalecos identificatorios, argumentando que la falta de estos elementos agrava los riesgos. El gremio también impulsará campañas de capacitación y protocolos de seguridad en redacciones, junto a asambleas para debatir la protección del oficio.

"Reprimieron a quienes informan, un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho a la protesta", afirmó el sindicato, que exigió el cese de la violencia policial y llamó a no naturalizar estos hechos. Las medidas, respaldadas por organizaciones como FOPEA y ARGRA, buscan contrarrestar lo que describen como un intento de silenciar al periodismo en un contexto de ajuste y tensiones sociales.

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