15 de enero de 2025
El fallo de la Cámara sostiene que los despidos anunciados ponen en riesgo los derechos laborales garantizados en los convenios colectivos vigentes.
La Justicia Nacional del Trabajo dictó una medida cautelar que frena los despidos masivos en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, tras un reclamo impulsado por los gremios AEFIP y SUPARA. La decisión obliga al Gobierno Nacional y al organismo recaudador a abstenerse de tomar acciones que pongan en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores.
La Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con los votos de los jueces Gabriel De Vedia y Roberto Pompa (y la disidencia parcial de Mario Fera), revocó una resolución de primera instancia que había rechazado la medida cautelar solicitada por los sindicatos. La sentencia destacó que la reducción de personal anunciada por el Gobierno de Javier Milei, que pretendía despedir al 15% de la planta del organismo (unas 3.155 personas), amenazaba los derechos laborales garantizados en los convenios colectivos vigentes.
El fallo subrayó que existía un peligro inminente de que los despidos masivos se concretaran, lo que justificaba la intervención judicial para proteger la estabilidad laboral. El juez De Vedia, respaldado por Pompa, sostuvo que la amenaza del Ejecutivo era concreta y contraria a la normativa vigente, lo que hacía procedente la cautelar.
Por otro lado, Fera coincidió en que los gremios estaban legitimados para actuar, pero expresó que la medida cautelar podía ser prematura, ya que no se habían concretado los despidos. Sin embargo, la mayoría del tribunal consideró que el riesgo era suficiente para intervenir.
Esta resolución representa un fuerte revés para la política de ajuste de Javier Milei, quien había anunciado una drástica reducción de la estructura estatal, afectando derechos laborales consolidados. La decisión judicial protege la estabilidad laboral de los trabajadores del organismo, mientras se resuelve el fondo de la cuestión en futuras instancias.
El fallo también rechazó el argumento del Ejecutivo de que la Justicia del Trabajo no era competente, confirmando la validez de los convenios colectivos y la legitimación de los gremios para defender los derechos de sus afiliados. La decisión judicial es un triunfo para la organización sindical y un límite a las políticas de despidos masivos promovidas por el Gobierno Nacional.
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