4 de abril de 2025
Cámaras empresarias y sindicatos rechazaron el decreto que reduce aranceles de importación y advierten por su impacto en el empleo, la producción y el poder adquisitivo.
Un total de 29 entidades empresariales e industriales, junto con sindicatos del sector textil y del calzado, manifestaron su rechazo al decreto 236/2025, que reduce entre un 12% y un 18% los aranceles a la importación de productos textiles, hilados, telas y calzado. En una reunión conjunta, alertaron que la medida representa "un golpe a la línea de flotación" de toda la cadena de valor y solicitaron al ministro de Economía su inmediata revisión.
Las organizaciones afirmaron que esta política oficial "aniquila la industria nacional y destruye el empleo", en un contexto de fuerte caída del poder adquisitivo. La baja de aranceles, según expresaron, alienta las importaciones en detrimento de la producción local, y pone en riesgo miles de puestos de trabajo en fábricas y talleres de todo el país.
Desde los gremios, como la Asociación Obrera Textil (AOT) y el Sindicato de Empleados Textiles (SETIA), señalaron que las consecuencias serán "catastróficas", con más precarización, mayor informalidad y una profundización del conflicto social. La comparación con los planes económicos de la última dictadura y del menemismo fue directa: "Ya sabemos cómo termina este modelo".
Las entidades también cuestionaron el impacto en los parques industriales del interior, donde se concentra buena parte de la actividad textil y del calzado. Advirtieron por una baja generalizada en la producción, caída de inversiones y mayor concentración del mercado, lo que agudizaría la desigualdad y el desempleo.
A pesar de las diferencias internas entre cámaras y sindicatos, se definió avanzar en acciones conjuntas para frenar el avance del decreto. Apuntarán al Congreso Nacional para abrir el debate legislativo y solicitarán audiencias con los gobernadores para visibilizar el impacto regional de la medida.
Entre los firmantes se encuentran la Cámara del Calzado (CIC), la Fundación Pro-Tejer, la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), el Sindicato del Vestido (SOIVA), la Cámara Algodonera Argentina (CAA), la Unión Industrial de distintas provincias y más de veinte entidades de la cadena de valor. Todos coinciden en que la medida oficial amenaza el futuro de la industria nacional.
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