Desregulaciones. El Gobierno pone fin a los aportes obligatorios de empresas a cámaras patronales

En un giro significativo para las relaciones entre empresas y cámaras patronales, el Gobierno argentino decidió eliminar la obligatoriedad de los aportes económicos que las compañías debían realizar a estas entidades. La medida, oficializada mediante el Decreto 149/2025 el pasado 6 de marzo en el Boletín Oficial, lleva el sello del presidente Javier Milei y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. A partir de ahora, cualquier contribución a las cámaras empresariales será una decisión voluntaria de las empresas, marcando un cambio en las reglas de juego que regían hasta el momento.

El Ejecutivo justificó esta resolución señalando que los convenios colectivos de trabajo (CCT) carecían de sustento legal para exigir pagos a firmas no asociadas a las cámaras. Sectores como el comercio, según el gobierno, que movilizaba cerca de $6.000 millones mensuales para actividades de capacitación, se encontraban entre los más afectados por este sistema. Con la nueva normativa, que entrará en vigor el próximo 3 de junio, la Secretaría de Trabajo dejará de homologar acuerdos que impongan estas cargas económicas, dejando en manos de cada empresario la opción de contribuir o no.

El Decreto 149/25 con firma de @JMilei, @GAFrancosOk y @SPettovelloOK termina con un importante privilegio de la casta: la de poder establecer "impuestos privados" para beneficio de privados. Explicamos.

Nuestras negociaciones salariales, regidas por la ley de Convenios...

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 5, 2025

La decisión también resuena en otros rubros, como el metalúrgico, donde entidades como la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) recaudan, de acuerdo a lo informado, sumas millonarias -estimadas en $2.500 millones al mes- de empresas afiliadas y no afiliadas por igual. Este esquema, que representa un porcentaje de la masa salarial, había generado tensiones y hasta conflictos judiciales.

Voces oficiales destacaron que la eliminación de estos aportes responde a reclamos de diversas organizaciones empresarias, como la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam). Según el decreto, la antigua práctica se basaba en una interpretación errónea de la Ley 14.250, vigente desde 1953 y ajustada en 2004. La administración libertaria apunta así a desmantelar lo que considera regulaciones excesivas, promoviendo una mayor libertad económica para las empresas.

Más allá de lo económico, la medida tiene un trasfondo político. En el ámbito gremial, algunos interpretan este decreto como un mensaje directo al sindicalismo y una advertencia sobre posibles futuros cambios en los aportes de los trabajadores a sus sindicatos. Sturzenegger, artífice de esta iniciativa, parece decidido a avanzar en su agenda de desregulación y contra la estructura tradicional de las negociaciones colectivas en Argentina.