La dirigente y abogada laboralista participó de una clase abierta en la Facultad de Derecho donde analizó los alcances de la Ley de Modernización Laboral y el lugar de la representación gremial.
El gobierno redujo la planta del SMN de 1.200 a 800 empleados y abrió la puerta a la privatización del servicio. Cuando los trabajadores respondieron con un paro, el Ministerio de Capital Humano lo declaró ilegal.
Graciela Ocaña presentó un pedido formal ante la Superintendencia de Servicios de Salud y advirtió sobre el riesgo de quiebra de Oschoca. El déficit total podría rondar los $60.000 millones.
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